abogados sancionadosLa falta a la honradez, principal motivo de los castigos a los juristas.

Al menos 200 abogados en el Valle han sido sancionados este año por faltas contra la honradez, porque se han quedado con dineros de sus respectivos clientes. En ese mismo grupo se incluyen otros que han fallado en la debida diligencia profesional y han sido desleales con la administración de justicia.

A este panorama, la presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura, magistrada Carlina Varela, le agrega una cifra igual de preocupante: alrededor de mil juristas más están siendo investigados por sus actuaciones, poniendo en riesgo la vigencia de su tarjeta profesional.

Según la magistrada, la situación requiere una atención desde las universidades que deberían volver a recalcar el tema de la ética y de los valores.

El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Ovidio Claros, coincide con Varela y plantea que se debe cuestionar el papel de la educación superior y de las facultades de Derecho. “En la actualidad se están dando casos en los que los abogados se están graduando apenas en tres años, más medio año de preparatorios.

Eso genera una gran deficiencia en la calidad del profesional, además de que falta una cátedra relacionada con los deberes y las obligaciones de los abogados”, señala Claros.

El magistrado agrega que los abogados están graduándose a pesar de que no cuentan con suficiente preparación y que los postgrados brindan por ahora el conocimiento para que estos futuros juristas y legisladores sean conscientes de la aplicación del Derecho.

Las fallas contra la lealtad en la administración de justicia podrían relacionarse con la intención de afectar el erario público con demandas que, además de agotar los recursos de los municipios, implican un desgaste para el personal de la Rama Judicial.

Mandatarios de la mayoría de las 42 alcaldías del Valle reiteran que en los últimos meses las acciones populares se han convertido en uno de los principales focos de personas, entre abogados y particulares, que buscarían obtener un beneficio económico con el cobro del incentivo, el cual oscila entre 10 y 150 salarios mínimos mensuales. Al respecto, la magistrada Varela anotó que sería apresurado emitir un concepto, pero recomendó a los alcaldes que tienen esta queja, informarla para que el Consejo de Judicatura empiece a tomar medidas.

Desde que empezó a funcionar el Consejo Superior de la Judicatura más de

4.450 abogados han sido suspendidos por períodos; otros 4.870 han sido censurados y 300 más han sido amonestados.

Consejo Superior también ha sancionado a más de 2.900 jueces y fiscales.

Noticia del 12 de Diciembre de 2009